Como lo ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum, el 2 de Junio, día que se llevaron a cabo las elecciones de la reforma judicial, se ha hecho “historia”. Pero no de la manera que le beneficia al país. No ha sido historia porque hemos dado un paso a la democracia, sino porque somos el primer (y probablemente último) país en elegir a la mayoría de los miembros del Poder Judicial, incluyendo los puesots mas altos, como los de la Suprema Corte, mediante una elección popular. Además de ser también la elección con menos participación en la historia de México. Solo el 13% de los más de 100 millones de ciudadanos registrados para votar salió a las casillas. Exabogados de narcotraficantes postulados como candidatos, “acordeones” repartidos para manipular resultados, y que más del 25% de las boletas entregadas estaban en blanco o usadas como forma de protesta contra la reforma, son solo unas de las características que nos hacen ver lo que fue de esta elección. Un desastre.

Para que la narrativa de esta elección parezca más justa y democrática, trataron de repartir las responsabilidades entre los 3 poderes, que son el ejecutivo (Presidenta), legislativo (cámara de diputados y senadores) y judicial (jueces, magistrados, Suprema Corte), cuando en realidad era todo lo contrario. Este proceso empezó con la selección de los candidatos para cada cargo. A cada uno de los tres poderes del Estado le tocaba elegir un tercio de los candidatos, y como Morena tiene control sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo, tuvo la oportunidad de elegir la mayoría de las postulaciones. Esto, en sí mismo, no era el mayor problema porque todavía quedaba la etapa de evaluación a todos los candidatos mediante la Comisión Técnica de Evaluación (CTE), donde se esperaba que se eligieran los más capacitados y se descartaran los que habían sido propuestos por interés político. Pero desafortunadamente no fue así. De los 7 miembros de la Comisión Técnica de Evaluación (CTE), 4 eran elegidos por la Presidenta y por la Cámara de Diputados y Senadores (ambos controlados por Morena). Con esta mayoría, Morena tenía el poder suficiente para influir en quién era elegido y quién era descartado del proceso. Si esto fue lo que realmente sucedió, es algo que no sabremos con certeza porque nunca se publicó el criterio en el que fueron evaluados. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los candidatos seleccionados tenían una relación con Morena, y que no se reportó ninguna justificación para los candidatos críticos que fueron descartados. El último paso fue el sorteo de los candidatos aprobados por la CTE; este definiría qué nombres serían puestos en las boletas durante la elección. La falta de claridad y transparencia durante todo este proceso hizo que el sorteo fuera criticado y llamado una “preselección disfrazada”, generando la percepción en algunos de que el resultado ya estaba escrito desde antes del sorteo.

El poder judicial es la institución encargada de garantizar el cumplimiento de la ley y brindar justicia al país independientemente de partidos políticos. Este poder nunca fue perfecto. Como resultado de las administraciones pasadas, reflejaba varias irregularidades y casos de corrupción, pero aun mantenía los fundamentos de autonomía sobre los cuales había sido establecido. Con esta nueva reforma, el sistema judicial no se ha reforzado ni debilitado; se ha destrozado. Han convertido el poder judicial en un juego más de la política. Ya no se tratará de justicia y libertad, sino de poder y autoridad. El elegir quiénes protegen a nuestro país a través del poder judicial ya no dependerá de su honestidad ni capacidad, sino de su partido y sus campañas. Este golpe al Estado de derecho, el sistema que garantiza que nadie esté por encima de la ley, deja en incertidumbre la dirección hacia la cual se dirige México. Con reformas y elecciones donde solo uno de cada diez mexicanos salió a votar, parece ser que cada vez nos alejamos más de lo que la Presidenta llamaba democracia. Y debilitando el estado de derecho y la autonomía del país, todo parece apuntar a que estamos un paso más cerca del autoritarismo. Porque sin un estado de derecho, no puede existir la democracia.

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