El árbitro de la democracia: qué es el Estado de derecho y por qué está en riesgo
Según el ranking anual hecho por World Justice Project en 2024, México ocupa el puesto 118 de 142 países en el índice de Estado de Derecho, justo por encima de países como Venezuela, Nicaragua, Haití, y Bolivia. En el 2015 se encontraba en el puesto 69, pero desde ahí ha caído consecutivamente año tras año. El hecho de que México se encuentre tan bajo y se compare con países que viven bajo el autoritarismo o tienen un sistema de gobierno débil y corrupto nos obliga a preocuparnos sobre el futuro del gobierno de nuestro país y su democracia.
¿Qué es el Estado de derecho?
El Estado de derecho es el principio por el cual un país establece que cualquier persona, empresa, institución o autoridad, incluyendo el gobierno, están obligadas a cumplir la ley pública y que no hay nadie por encima de ella. Esta ley se debe aplicar de manera igualitaria, con independencia de grupos o intereses y debe respetar los derechos humanos. Un país bajo este principio debe de garantizar legalidad, transparencia, división de poderes, y participación ciudadana en la toma de decisiones. Según el Sistema de Información Legislativa, esto se refleja en cuatro puntos: 1) Tener un sistema judicial formal, con jueces independientes que no están afiliados con ningún partido o puesto político. 2) Garantizar la libre competencia de mercado a cualquier persona o empresa. 3) Mantener la división del poder ejecutivo (presidente), legislativo (cámara de diputados y senadores) y judicial (jueces) para evitar que un solo grupo o partido controle todo el poder y prevenir dictaduras. 4) Integrar y aplicar la ley a cualquier grupo o persona sin importar a qué grupo social o económico pertenecen.
Por qué es importante el estado de derecho:
El principio de Estado de derecho es la base del éxito de la democracia dentro de un país. Es como si fuera el árbitro en un partido. Sin un árbitro que se encargue de cumplir las reglas o con uno fácil de manipular, el juego se convierte en quien es el más fuerte, quien hace trampa o quien sabe influir más en su favor. En la política pasa exactamente lo mismo. Con un Estado de derecho débil, la ley y la constitución es fácil de manipular y las instituciones se vuelven vulnerables a la corrupción. Así, cualquier partido o grupo puede controlar el poder y modificarlo de la manera que más les beneficia a ellos, incluso si eso significa reprimir o violar los derechos humanos. El resultado de esto es normalmente un gobierno autoritario o una dictadura como ha ocurrido en Venezuela o Nicaragua. Del otro lado, cuando un país mantiene un Estado de derecho fuerte, se protegen los derechos de la sociedad y se promueve la justicia social. Al mantener instituciones libres de corrupción y abuso de poder, se genera confianza en ellas, lo que impulsa el desarrollo económico y político.
El estado de derecho en México:
Durante la mayoría del siglo XX (1929-2000), México vivió bajo el régimen autoritario del PRI. Una época donde el Estado de derecho en el país era casi una ilusión y la mayoría de las instituciones en el país eran controladas por el PRI y la corrupción. Los jueces y cargos del Poder Judicial eran nombrados por el presidente y aprobados por el senado (ambos controlados por el PRI), lo que hacía casi imposible pelear un caso en contra del gobierno y su corrupción. Las elecciones locales, estatales y presidenciales eran organizadas por el gobierno y fácilmente manipuladas con fraude, dando siempre los resultados que el PRI necesitaba para mantenerse en el poder.
Fue así durante varias décadas hasta las reformas de los 70s y los 90s, donde se creó el INE y se le dio autonomía junto al Poder Judicial. Este impulso a la democracia dejó a la oposición (PAN) ganar una elección presidencial por primera vez en el 2000. Este cambio dio inicio a un nuevo periodo democrático en nuestro país, donde se estimuló la construcción de autoridades autónomas y el acceso a la justicia, aunque todavía había mucho que mejorar en términos de corrupción.
Con la llegada de Morena al poder, se ha visto en riesgo la fuerza del Estado de derecho. Han propuesto y aprobado varias reformas con la idea de acabar con la corrupción y transformar al país, pero si las analizamos bien parecen reflejar otro camino. Con la reforma judicial, prometen convertir la elección de jueces en un proceso más democrático a través del voto popular, cuando en realidad solo debilitan su independencia, ya que se convierte en un juego de partidos, campañas e intereses. Algo parecido querían que pasara con el INE. Primero, intentaron reemplazarlo con el INEC, una nueva institución con menos independencia y que dejaba más interferencia del presidente y el congreso en su estructura y decisiones. Después de que el congreso rechazó esta propuesta, trataron de cambiar y debilitar la estructura del INE, pero fue igualmente rechazada, esta vez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que actuó como una de las últimas instituciones independientes que pudo frenarlos.
Para evitar que el Estado de derecho regrese a como fue el siglo pasado o incluso llegue a ser peor, no hace falta esperar a que llegue una persona o un partido que nos saque de esta situación, porque esto no es algo que se arregla de un día para otro. Sino que se necesita un país informado, empezando por nosotros, donde la ciudadanía sepa qué significan las decisiones que nuestros líderes toman y qué es lo que está en juego. Y más importante, se necesita que el público exija la responsabilidad y transparencia que se necesita por parte de las autoridades para formar la base de una sociedad justa y próspera. Reflejándose en el apoyo hacia aquellos líderes que están dispuestos a regresar su poder al Estado de derecho, incluso si eso significa reducir su poder.
